PRI busca que todo burócrata educativo atienda a víctimas de acoso sexual o violación

La diputada local del PRI, Tania Larios Pérez, propuso reformas legales para que toda persona servidora pública del sector educativo tenga la obligación de otorgar a las víctimas de hostigamiento, acoso sexual o, incluso, violación, orientación, asesoría y realizar el procedimiento correspondiente para hacerlo del conocimiento de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Para ello, la priista presentó este martes una iniciativa ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México para adicionar un artículo 64-Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en la que, señaló, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2017 México fue el primer país en el mundo con más casos de abuso sexual de menores de 14 años de edad registrados, siendo las niñas las más afectadas por esa conducta antijurídica.

Añadió que la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como las autoridades educativas de las entidades federativas han acumulado al menos cinco mil 110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de los tres niveles de educación básica, no solo de escuelas públicas, sino también escuelas privadas; en muchos de estos casos, los victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes de los planteles educativos.

En atención a esta situación, la diputada local propuso establecer en el artículo 64 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que será obligación de los servidoras públicas de todo ente gubernamental y privado, ambos del Sector Educación, atender a solicitud de toda persona víctima de posibles actos de Hostigamiento Sexual, Acoso Sexual o Violación, en los procedimientos administrativos que correspondan

Los entes enunciados, propone la del tricolor, llevarán a cabo acciones para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, ante la presunción de los actos ilícitos mencionados, ya sea en el desempeño o con motivo de su empleo, cargo, comisión o funciones en el servicio público, o al acudir a solicitar un trámite o un servicio dentro del Sector Educación de la Administración Pública de la Ciudad de México.

La Iniciativa señala que ante la denuncia por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, los servidoras públicos con cargos de Directivos, Docentes, Investigadores, Administrativos o de Servicio Profesional Especializado, deberán canalizarlo al área jurídica correspondiente, con el fin de ejecutar el levantamiento del acta administrativa que será canalizada a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Pública, para los procesos e investigaciones a que haya lugar.

Aunado a ello, se proporcionará la orientación y asesoría que requiera la persona víctima de los hechos.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.