El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, llamó a los diputados locales a no aprobar un presupuesto “inconstitucional e injusto” para esa demarcación y, por el contrario, aumentar los recursos fiscales que le corresponden, para atender las necesidades más sentidas en las colonias, “no vengo a pedir más dinero, sino lo justo, para atender las demandas de los ciudadanos”, aclaró.

Así quedó establecido este miércoles, durante la mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, para analizar el Paquete Económico 2023, donde el alcalde sostuvo que a Miguel Hidalgo en 2022 le otorgaron poco más de 231 millones de pesos, mientras que para el próximo año le reducen 34 millones de pesos.

“Esta actitud del Ejecutivo local violenta la Constitución, ya que el artículo 21, apartado D, fracción II, establece que el presupuesto proveniente de esta fuente, no puede ser menor en términos porcentuales al que se le haya asignado el año inmediato anterior”, destacó el funcionario.

Además, explicó Tabe Echartea, aumentar los recursos fiscales, “no es una solicitud caprichosa, es un mandato que deben de cumplir los diputados y el Gobierno de la Ciudad; esa es la solicitud”, enfatizó.

De igual forma, denunció la ausencia de recursos provenientes del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, establecido en la Constitución, donde está establecido que ese recurso no debe ser condicionado a ninguna alcaldía.

Durante su exposición, el funcionario detalló que Miguel Hidalgo es una alcaldía con muchas desigualdades, por lo que no justo minimizar esas diferencias, pues se requiere invertir en rehabilitar lo que fue abandonado por años.

“¿Cuál es el argumento que han utilizado para no darle recursos a Miguel Hidalgo? Es un discurso absolutamente clasista, donde dicen que no le quieren dar a los ricos, es absolutamente falso, porque más del 60% de nuestras colonias, hay muchísimas necesidades y donde más hemos invertido este año, son en los barrios y colonias populares que están completamente abandonadas en obra pública”, dijo.

Por ello, solicitó 484 millones de pesos adicionales a los legisladores, a quienes pidió considerar que en caso de aprobar el techo presupuestal asignado de 2 mil 558 millones de pesos para esta demarcación, en términos reales, se tendría una decremento de más 337 millones en comparación con 2018.

“Se nos reduce el presupuesto, lo que conlleva menos para reencarpetamiento, obras en escuelas, drenaje y programas sociales, entre otros rubros. Este es el resultado de una política de asfixia a los gobiernos locales, de concentración del dinero en los gobiernos federal y de la Ciudad”, criticó.

Detalló que los 484 millones adicionales de presupuesto que solicita, 100 millones, serán para mantenimiento de 69 escuelas públicas; 20 millones, para sustitución de redes de agua potable y drenaje; 60 millones, para relleno de minas y estudios de suelo; 15 millones, para luminarias; así como la compra de una ambulancia” entre otras acciones.

Y afirmó que el techo presupuestal que le asignó la secretaría de administración y finanzas “es un proyecto que viola la Constitución de la Ciudad de México” porque la constitución establece que dentro del presupuesto anual que finanzas establece para las alcaldías, están los recursos fiscales, y la cifra de recursos fiscales no puede ser menor a la otorgada el año anterior.

“Si deciden votar en contra de esta solicitud, también les explicaremos a los vecinos que el Congreso no quiso que pudiéramos realizar esas obras, porque la responsabilidad pública del Presupuesto es asumir los aplausos cuando se logran cosas, pero también asumir los costos cuando se decide no darle presupuesto a los vecinos”, advirtió.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

Destacó que resulta paradójico que la alcaldía Miguel Hidalgo aporta uno de cada cinco pesos que recauda la Ciudad por el impuesto predial, “pero nos regresan menos del 1” de esa recaudación. Este año está proyectado que nuestros ingresos de recursos fiscales sean el 1.4% del total, cuando aportamos 20%. Ningún municipio del país tiene éste trato, donde literalmente se lo queda el Gobierno local”, denunció.

Ante ese panorama, el alcalde de Miguel Hidalgo insistió en la urgencia de revisar la fórmula, con la que el Congreso local determina la distribución del Presupuesto y, además, determinar reglas claras que impidan una repartición parcial de los recursos.

“Ese es en el fondo lo que la falta de fórmula implica: favoritismos e injusticias, y no reglas claras para la distribución de los recursos que son de la ciudadanía”, enfatizó.

Corrupción.- Por otra parte, los legisladores locales, sobre todo los de Morena y aliados, lo cuestionaron sobre la corrupción inmobiliaria, a lo que Tabe Echartea respondió: “Es un tema con muchos mitos construidos por el Gobierno central, en el sentido de que combate la corrupción inmobiliaria”.

Además, sostuvo que “lo único que ha hecho el Ejecutivo local, es construir un discurso de que combate esa corrupción, pero ha permitido que los desarrolladores construyan sin trámites”, denunció.

Incluso, destacó que está en contra del Acuerdo de Facilidades Administrativas que autorizó el Gobierno capitalino, lo que ha generado un estado de indefensión para los vecinos, pues permiten grandes desarrollos sin contar con factibilidades ni trámites.

“El Gobierno local por un lado dice una cosa y, por el otro, le ha dado manga ancha a los desarrolladores para construir sin permiso. Porque al final muchos desarrolladores van a ser víctimas de la extorsión por parte del Gobierno de la Ciudad”, añadió Tabe Echartea.

El coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, aseguró que Tabe Echartea ha hecho un manejo del gasto eficiente, responsable y transparente, por lo que agradeció el incremento significativo registrado en el rubro 6000 (inversión pública) y en seguridad pública.

De igual manera, cuestionó las verificaciones en materia de uso de suelo, ejecutadas por el Invea, “la que se excede en sus facultades y atribuciones”, además de que no se ha coordinado con las alcaldías.

Durante su intervención, el diputado del PRI, Jhonatan Colmenares Rentería, dijo estar preocupado con relación al presupuesto asignado a todas las alcaldías gobernadas por la oposición.

Además, solicitó información detallada sobre la operación el programa OLA (Orden, Limpieza y Atención), así como de los programas deportivos y sobre los cuidados brindados al Bosque de Chapultepec.

Por su parte, su compañera de sector y de partido, Mónica Fernández César, preguntó al alcalde si consideraba que los techos presupuestales autorizados, respecto a los modificados, han sido desproporcionados y más favorables para las alcaldías del partido del gobierno en turno.

En el mismo sentido, cuestionó si consideraba que a partir de que la oposición gobierna nueve de las 16 alcaldías, el trato presupuestario ha sido institucional y equitativo para todas las demarcaciones.

En su turno, la panista Gabriela Salido Magos señaló que la alcaldía Miguel Hidalgo sólo recibe el 5.6% del presupuesto global para las alcaldías, lo que consideró una disparidad para la demarcación, y una distribución discrecional en la asignación de recursos.

De allí que pidió conocer las acciones implementadas por la demarcación, para garantizar el cumplimiento de las mitigaciones de desarrollos inmobiliarios aplicadas en el espacio público en beneficio de la población.

La presidenta de la Comisión de Precupuesto y Cuenta Pública, la morenista Valentina Batres Guadarrama, precisó que esta reunión virtual permite a la ciudadanía conocer cómo se han erogado los recursos económicos que provienen de sus contribuciones y cuáles son los programas prioritarios para 2023.

A su vez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, preguntó respecto a las ayudas sociales entregadas y sus destinatarios, el avance de obras de mitigación en la colonia Granada, respecto a los 86 árboles talados frente a la embajada de EU, si en el presupuesto destinado a proyectos especiales incluye la construcción de nuevas ciclovías, así como cuánto riesgo representa el relleno de minas y la situación de instalaciones eléctricas en mercados públicos.


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