Congreso local aprueba dictámenes de la Comisión de Obras

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, cuatro dictámenes presentados por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que preside el diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, a propuestas de legisladores del PRI.

El primero de ellos, fue referente a reformas de la Ley de Obras Públicas, a fin de armonizarla con las disposiciones contenidas en las constituciones federal y de la Ciudad de México, a fin de dar certeza jurídica a la población.

En tribuna, Lobo Román explicó que la propuesta la presentó el 4 de julio pasado el diputado local del tricolor, Fausto Zamorano Esparza –hoy presidente de la Mesa Directiva–, para hacer 102 modificaciones a dicha norma.

Sin embargo, la iniciativa del priista sólo fue para sustituir el término “Distrito Federal” por “Ciudad de México”; “delegaciones” por “alcaldías”; “Gobierno del Distrito Federal” por “Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”; “Contraloría General del Distrito Federal” por el de “Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México”; y “Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, por el de “Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, entre otras propuestas.

Pese a ello, los diputados locales de Morena: Guadalupe Morales Rubio y Carlos Hernández Mirón, presentaron diversas reservar que en su discusión llevó al pleno más de una hora y 20 minutos, para coincidir que en el dictamen consideraran “el lenguaje incluyente”, que no fueron tomados en cuenta por Zamorano Esparza.

Lobo Román sostuvo que las reformas a dicha ley, “descansa en una acción de armonización del ordenamiento legal referido, relacionado con el cambio de la Ley de Obras Pública del Distrito Federal, por el de la Ciudad de México y la denominación de las autoridades de la Ciudad de México, tales como la Jefatura de Gobierno, las alcaldías, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría, entre algunas otras”.

Destacó el también coordinador del PRD en el Antiguo Palacio de Donceles, que esta armonización legislativa, “fortalece la figura de la Ciudad de México como entidad integrante de la Federación y encuentra su fundamento en la prosecución de los derechos humanos, la legalidad, la seguridad jurídica consagrados en nuestra Constitución”, afirmó.

Una vez que los legisladores avalaron por unanimidad el dictamen y sus reservas, el presidente de la Mesa Directiva anunció que fuera remitido a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

El segundo dictamen aprobado por el pleno del Congreso local, fue el relacionado con reforma a la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que presentó también el 4 de julio pasado el diputado local del PRI, Fausto Zamorano Esparza.

Lobo Román detalló que la iniciativa contaba de 19 fojas, para modificar los artículos 1; 2, fracciones V, VII, X y XIII; 3, fracción II; 5, fracciones I, XVII, XIX y XX; 6, fracción I, numerales 1, incisos c), d) y e); 7, fracción IX; 8, primer párrafo; 9, fracciones IV y XXIII; 13, fracción II; 14, 15 y 24 del referido ordenamiento legal

Empero, la iniciativa del priista también fue para sustituir el término “Distrito Federal” por “Ciudad de México”; “delegaciones” por “alcaldías”; “Gobierno del Distrito Federal” por “Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”; “Contraloría General del Distrito Federal” por el de “Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México”; y “Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”, por el de “Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, entre otras propuestas.

El tercer dictamen, fue para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal, así como a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que, en forma coordinada, consideren el reencarpetado de la carretera México-Toluca, en el tramo ubicado del entronque de Avenida Constituyentes y Prolongación Reforma (Puente de Conafrut) hasta la entrada de la caseta de la Autopista Federal La Venta.

El presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Víctor Hugo Lobo Román, señaló que la problemática planteada en esta proposición, referente al reencarpetado de dicho tramo vial, compete a la autoridad federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, aclaró que la Ley Orgánica de esa dependencia la faculta para establecer acciones de cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, para construir y conservar caminos y puentes del territorio nacional, por lo que el exhorto se dirige a ambas dependencias.

“Con la finalidad de que ambas establezcan acciones de coordinación, para el efecto de atender la problemática planteada en el punto de acuerdo que se estudia”, precisó el perredista.

Al razonar su voto, la diputada local del PRI proponente de la iniciativa, Lourdes González Hernández, consideró este tema como relevante, por ser esta vialidad una arteria principal de la capital, que utilizan millones de personas a diario y que al estar en malas condiciones incrementa la posibilidad de accidentes.

El cuarto y último dictamen aprobado por unanimidad del pleno del Congreso local, presentado por la citada Comisión, fue para solicitar a los titulares de la secretarías del Medio Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) locales, informen a este órgano legislativo el avance y los alcances del Programa de Manejo compartido DGSANPAVA- GRUPO FRISA, que se realizará dentro de terrenos considerados como zona de conservación, al pie del río La Magdalena, mejor conocido como “La Cañada”.

La propuesta la presentó el 20 de julio pasado, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) precisó que el punto de acuerdo está relacionado con dicha área natural protegida, ubicado en la demarcación Magdalena Contreras.

Además, la Seduvi deberá informar si existe en trámite alguna licencia, permiso, autorización, dictamen o certificado de uso de suelo, ante esta dependencia respecto del predio conocido como “La Cañada de Contreras”.

Mientras que la Sedema, deberá informar si previo a la emisión de licencias, permisos, autorizaciones, dictámenes o cualquier otro documento que autorice el inicio de trabajos del proyecto conocido como “Parque Natural La Cañada”, promovieron mecanismos de participación social que permitan contar con el acuerdo de las comunidades vecinas.