Aumentan cárcel a quien tale, derribe o afecte árboles

Por unanimidad, el pleno del Congreso de la Ciudad de México el dictamen por el cual se modifica el artículo 345 bis del Código Penal, para incrementar penas de dos a 10 años de prisión y de 1,000 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), a quien de manera ilegal o con dolo derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles.

Durante la sesión ordinaria, los diputados y diputadas locales, también avalaron adicionar un segundo párrafo al citado artículo, para sancionar con la misma pena a quien almacene materias primas forestales de forma ilegal, con un fin distinto de aquellas destinadas al uso doméstico.

El dictamen aprobado por las diversos grupos y asociación parlamentarias refiere a que se aumentará la multa hasta por cinco mil IMA’s, cuando una o más de las conductas contempladas en el artículo de referencia sea cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica.

Con la aprobación de este dictamen destacó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Octavio Rivero Villaseñor, se da un paso más en contra de la tala ilegal, actividad ilícita que no solo compromete la salvaguarda de los valiosos recursos naturales, sino que también provoca hechos delictivos de las personas que tienen en esto una actividad económica.

Además, estos presuntos delincuentes, dijo el también diputado local de Morena, amedrentan la seguridad ciudadana, lo cual debe ser evitado a toda costa, independientemente del grave daño ecológico que comenté con esta ilícita actividad.

El morenista señaló que el reto contra la tala ilegal es grande y compleja, debido a las formas en que este delito se comete y a que las mafias organizadas actúan en la clandestinidad para evitar ser detectados.

“Como miembros del poder legislativo, debemos contribuir con una normatividad que impacte significativamente en la disminución de los delitos que atentan directamente contra los recursos forestales”, aseveró al exponer el dictamen desde tribuna del Antiguo Palacio de Donceles.

Durante la sesión ordinaria, también el pleno aprobó el dictamen por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 236 del Código Penal, relativo a la suspensión del derecho del servidor público o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada, presentada por Rivero Villaseñor.

Con ello, dijo el morenista, buscar evitar conductas reiterativas por parte de elementos o ex elementos de corporaciones de seguridad, en perjuicio de la ciudadanía.

Rivero Villaseñor expuso que con la aprobación de este dictamen se lograría la armonización de la legislación penal vigente, lo que resultaría un avance sustancial de las herramientas legislativas que debemos proporcionar a los operadores jurídicos en aras de garantizar una mejor administración y procuración de justicia de esta ciudad.