La diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Lourdes González Hernández, propuso reformas legales para que exista equidad de género en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCDMX), para que la persona electa para dicho cargo, sea de un género distinto a quien haya ocupado el mismo en el periodo inmediato anterior.

Para ello, la priista presentó su propuesta ante el pleno del órgano legislativo, a través de una iniciativa para reformar el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino, en el que recordó que en los últimos años, la equidad de género se ha hecho cada vez más visible en cargos de elección popular y en todos los ámbitos de la vida pública, social y privada.

Recordó que la actual legislatura en la Cámara de Diputados, por primera vez, cuenta con una conformación paritaria absoluta, a través de una representación del 50% de mujeres y 50% de hombres; igual situación ocurre en el Senado de la República, que actualmente se integra por 64 mujeres y 64 hombres.

De igual forma, apuntó la representante popular del tricolor por mayoría, en los congresos estatales hay 566 congresistas mujeres, 496 hombres y un congresista que reportó ser no binario.

En cuanto al TSJCDMX, la legisladora destacó que en los 164 años de vida, el organismo ha tenido 50 presidentes hombres y solo una mujer, la magistrada Clementina Gil de Lester, quien estuvo en el cargo de 1984 a 1987; es decir, hace más de tres décadas que una mujer no ocupa el máximo encargo al frente de Poder Judicial en la Ciudad de México.

Por ello, insistió, presenta la propuesta de que el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalino asiente que “en la elección de la persona Magistrada que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se tomará en cuenta la paridad de género, por lo que en cada elección deberá de elegirse, de manera alternada, un género distinto al precedido en el ejercicio inmediato anterior”.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la de Igualdad de Género.


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